Derrumbe de Villa Urquiza: una pericia oficial complica al ingeniero
10/11/10Es de bomberos y está en la causa. Dice que la excavación “no respetó las reglas”.
Marcha de vecinos y familiares de las victimas, a tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza. (Emmanuel Fernández)
A tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, la situación del ingeniero Guillermo Heyaca Varela, el encargado de la obra lindera al edificio que se desmoronó, parece bastante complicada . La pericia de los Bomberos sobre las causas del derrumbe determinó que la excavación “ no respetó las reglas ”. Además, familiares de las víctimas pedirán que se investigue a funcionarios del Gobierno porteño y al dueño del local.
El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaban el gimnasio y locales de ropa, se derrumbó. Murieron tres personas que estaban dentro del gimnasio: Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18. La tragedia terminó costándole el cargo a Oscar Ríos, por entonces director de la Agencia Gubernamental de Control.
Desde el primer momento, el foco quedó puesto sobre Heyaca Varela, el profesional a cargo de la construcción de un edificio en el lote de al lado del gimnasio. Allí se estaba haciendo una excavación, que habría dañado los cimientos del gimnasio, según el informe.
La Justicia abrió una causa por “estrago”, delito que contempla penas de hasta cinco años. La causa quedó a cargo del juzgado penal N° 45, cuya titular es María Fontbona de Pombo.
La pericia estuvo a cargo de los Bomberos de la Policía Federal.
Clarín accedió al informe, que entre sus puntos más importantes asegura que “pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición de la construcción que estaba antes en el lote se veían “ totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente ”.
En la causa, Heyaca Varela afirmó que había realizado todo lo que correspondía y que contaba con las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Los otros dos imputados son Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora.
El Gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó . La postura oficial es que Heyaca presentó los planos correctamente, pero luego hizo otra cosa . “Ningún funcionario fue imputado”, informó el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sans.
Pero los familiares de las víctimas quieren que se investigue el rol del Gobierno. Fernando Burlando, abogado de Patricia Izraelewiz, la madre de Maxi Salgado, le aseguró a Clarín : “Si el Gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Queremos que se investigue al poder político. En otro lugar esto hubiera significado un escándalo y el final de la carrera de varios funcionarios”.
El principal punto respecto del rol del Gobierno son los controles. Es que, por ejemplo, la UOCRA, el gremio de la construcción, había denunciado que en la etapa de la demolición en el lote lindero al gimnasio ya se habían encontrado situaciones riesgosas, pero el Gobierno dijo que no pudo completar las inspecciones porque cuando fueron no encontraron a nadie.
La familia de Maxi Salgado también buscará que se investigue si el dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo alguna responsabilidad
Desde el primer momento, el foco quedó puesto sobre Heyaca Varela, el profesional a cargo de la construcción de un edificio en el lote de al lado del gimnasio. Allí se estaba haciendo una excavación, que habría dañado los cimientos del gimnasio, según el informe.
La Justicia abrió una causa por “estrago”, delito que contempla penas de hasta cinco años. La causa quedó a cargo del juzgado penal N° 45, cuya titular es María Fontbona de Pombo.
La pericia estuvo a cargo de los Bomberos de la Policía Federal.
Clarín accedió al informe, que entre sus puntos más importantes asegura que “pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición de la construcción que estaba antes en el lote se veían “ totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente ”.
En la causa, Heyaca Varela afirmó que había realizado todo lo que correspondía y que contaba con las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Los otros dos imputados son Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora.
El Gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó . La postura oficial es que Heyaca presentó los planos correctamente, pero luego hizo otra cosa . “Ningún funcionario fue imputado”, informó el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sans.
Pero los familiares de las víctimas quieren que se investigue el rol del Gobierno. Fernando Burlando, abogado de Patricia Izraelewiz, la madre de Maxi Salgado, le aseguró a Clarín : “Si el Gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Queremos que se investigue al poder político. En otro lugar esto hubiera significado un escándalo y el final de la carrera de varios funcionarios”.
El principal punto respecto del rol del Gobierno son los controles. Es que, por ejemplo, la UOCRA, el gremio de la construcción, había denunciado que en la etapa de la demolición en el lote lindero al gimnasio ya se habían encontrado situaciones riesgosas, pero el Gobierno dijo que no pudo completar las inspecciones porque cuando fueron no encontraron a nadie.
La familia de Maxi Salgado también buscará que se investigue si el dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo alguna responsabilidad
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